post

El Aula Cultural de Caja Murcia ha acogido esta semana el I Congreso Nacional de Investigación sobre Empresas y Derechos Humanos organizado por la Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia y la Fundación Cepaim. El evento ha contado con la participación de distintos colectivos, entre ellos, académicos dediezUniversidades españolas,representantes de empresas, instituciones oficiales, sociedad civil y economía social y solidaria de nuestro país, así como otros interesados en la temática. Todos ellos unidos con el fin de propiciar un diálogo constructivo en torno a los retos que supone garantizar el respeto de los derechos humanos en las actividades de las empresas españolas. El Congreso ha estado abierto, asimismo, a la participación de estudiantes de la Universidad de Murcia, destacando la presencia mayoritaria de los alumnos de la Facultad de Trabajo Social, cuya asistencia, compromiso e interés por los temas abordados ha sido, sin lugar a dudas, lo mejordel evento. En total, más de 250 asistentesse han congregado en este I Congreso, completando el aforo disponible.

La conferencia inaugural estuvo a cargo de la profesoraDña. Carmen Márquez Carrasco, Catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de Sevilla, quien puso el foco de atención en la responsabilidad que las empresas transnacionales tienen en materia de derechos humanos.

A continuación, se desarrollaron los cuatro paneles que articulan elCongreso. En el primero, centrado en el Plan Nacional de Empresas y Derechos Humanos, se contó con la participación de Dña. Ángeles Solanes Corella (profesora de la Universitat de Valènciay miembro del Instituto Universitario de Derechos Humanos), D. Víctor Meseguer Sánchez (profesor de la Universidad de Murcia), Dña. Olga Martín Ortega (Centre on Human Rights in Conflict yprofesora de laUniversity of Greenwich), y D. Juan Hernández Zubizarreta (Miembro de Hegoa). En este primer panel se reflexionó acerca de la puesta en práctica y promoción del marco de las Naciones Unidas “Proteger, respetar y remediar” y los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos que articulan dicho marco, todo ello recogido en el informe redactado por el Representante Especial del Secretario General de las Naciones Unidas para la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas, John Ruggie. Estemarco se basa en tres pilares fundamentales: 1. El deber del Estado de proteger contra las violaciones de los derechos humanos de terceros, incluidas las empresas;2. La responsabilidad empresarial de respetar los derechos humanos;y 3. El mayor acceso, por parte de las víctimas, a recursos y mecanismos eficaces de reparación, tanto judiciales como no judiciales. En el panel se enfatizó el papel clave que las empresas tienen en el respeto y la defensa de los derechos humanos, al poder generar con su actividad un impacto positivo en las comunidades donde operan,por ejemplo adoptando procesos de debida diligencia para demostrar que respetan los derechos humanos.En este panelse abordaron también los avances del Gobierno español en su responsabilidad de garantizar la aplicación de derechos humanos a través del Plan de Empresas y Derechos Humanos de España, entre cuyos principales objetivos se encuentra fortalecer las ventajas comparativas de las empresas españolas en los mercados internacionales.

El segundo panel se centró en la Gestión de la Diversidad que se realiza por parte de los entornos profesionales. En concreto, se analizaron los retos y oportunidades que supone la diversidad cultural en las empresas, la responsabilidad que éstas tienen en el ámbito de la discapacidad, la forma en la que atienden la diversidad afectivo-sexual de sus trabajadores y la atención que prestan a la diversidad familiar, integrando medidas de Responsabilidad Familiar Corporativa (RFC) que favorezcan la conciliación entre la vida familiar y laboral. Para abordar estas cuestiones y favorecer el debate, se contó con la presencia de D. Nicolás MarugánZalba (Director del Observatorio español del Racismo y la Xenofobia del Ministerio de Empleo y Seguridad Social), Dña. Carmen Tristante Ortiz (miembro de la Delegación Territorial de la Organización Nacional de Ciegos Españoles y profesora de la Universidad de Murcia), Dña. María Concepción Antón Rubio (profesora de la Universidad de Salamanca) y Dña. Manuela Avilés Hernández (profesora de la Universidad de Murcia y coordinadora de Investigación de La Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia).

El tercer panel, titulado “La Responsabilidad de las Empresas Turísticas en Derechos Humanos”, contó con la participación de personalidades tan destacadas en la materia como Dña. Juana López Calero (presidenta de FAPMI-ECPAT España), Dña. Aída Guillén Lanzarote (gerente del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña), Dña. Juana Gregori Martínez (SMC-UGT. Departamento de Migraciones), Dña. Clara Guilló Girard (Socióloga experta en igualdad y relaciones de género y colaboradora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos) y Dña. Paloma Lledó Martínez (profesora de la Universidad Nebrija). Sobre la mesa se puso uno de los problemas emergentes vinculados al turismo que ha generado una gran preocupación: la explotación sexual-comercial de niños, niñas y adolescentes, asociado al turismo. Entre otras cosas, se enfatizó la importancia de promover activamente el turismo responsable, sostenible y respetuoso con los derechos de la Infancia, alentar que la industria turística implemente prácticas éticas adoptando medidas de autorregulación como el Código de Conducta para la Prevención de la Explotación Sexual Infantil en los Viajes y el Turismo, y aumentar la conciencia sobre la problemática del turismo sexual infantil en cooperación con todos los agentes involucrados (autoridades públicas, sector privado, organizaciones no gubernamentales etc.). La adhesión al Código de Conducta de Prevención para la Explotación Sexual Infantil es una iniciativa que constituye una oportunidad única para que las empresas del sector turístico, con el objeto de garantizar su responsabilidad y compromiso en el desarrollo responsable y sostenible, integren la perspectiva de la Infancia en sus actividades de negocio.

El cuarto panel se centró en la acción social de las empresas y en el papel que la Economía Social, el Tercer Sector y la Responsabilidad Social Corporativa tienen en materia de derechos humanos. Entre los integrantes de la mesa estuvo D. Longinos Marín Rives(profesor y director de la Cátedra de RSC de la Universidad de Murcia) quien señaló el vínculo que tiene la RSC con la personalidad social individual, la profesora Esther Raya (Universidad de la Rioja) que subrayó la estrecha relación existente entre Trabajo Social y RSC, D. Francisco Moreno (representante de AENA), que expuso los proyectos que, en materia de RSC, se han implantado en su institución, centrados, entre otras cosas, enla reducción del impacto medio ambiental de los aeropuertos, con iniciativas orientadas a la reducción de emisiones en CO2 o del control de ruido, y Dña. Ángeles Cebrián Carretero (Sección Sindical. Empleada del Banco Mare Nostrum) quien reflexionó acerca del papel que las redes sociales tienen para favorecery difundir la acción social y las medidas de RSC.

La mesa de clausura del Congreso estuvo integrada por Luciano Poyato Roca (presidente de La Plataforma del Tercer Sector), Emili Villaescusa Blanca (en representación de CEPES), Juan Antonio Segura Lucas (director de la Fundación Cepaim) y Víctor Meseguer Sánchez (director de la Plataforma de Innovación Social de la Universidad de Murcia, laplataformasocial.org). En ella, se reivindicó la necesidad de crear un nuevo contrato social entre las Universidades, las administraciones públicas, las empresas socialmente responsables, el movimiento cooperativo, las empresas de economía social y las entidades no lucrativas de la Plataforma del Tercer Sector.

En el marco del Congreso, los organizadores acordaron instituir los premios “Empresas y Derechos Humanos” que serán otorgados con carácter anual a aquellas empresas de la Región de Murcia que hayan destacado por la incorporación del PLAN DE DERECHOS HUMANOS en la Estrategia de Negocio de la Empresa y/o de medidas y políticas de Responsabilidad Social, Igualdad de Oportunidades y Gestión de la Diversidad.Este año, el jurado, acordó, por unanimidad de sus miembros, la concesión del premio de Empresas y Derechos Humanos en esta primera edición a la Fundación Cajamurcia y Aguas de Murcia. A la Fundación Cajamurcia por su compromiso social, acreditado por su amplio apoyo a la acción social y a los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad, destacando de forma especial, por su carácter innovador y de amplio contenido social, la cesión de 38 viviendas, en base a las cuales se ha puesto en marcha la Red de Viviendas Solidarias, destinadas a garantizar el acceso a una vivienda digna en el marco de un arrendamiento social con medidas de acompañamiento a familias en situación de riesgo de pobreza y exclusión social. A la Empresa Aguas de Murcia por la creación de un Fondo Social dotado con 300.000 euros, destinado a dar cobertura a familias en riesgo de exclusión social para el pago de la deuda de recibos de agua, evitando de esta forma el corte del suministro de agua a las familias.El Jurado, que estuvo presidido por Víctor Meseguer, profesor del Departamento de Sociología y Trabajo Social de la Universidad de Murcia y director de la Plataforma de Innovación Social de la Universidad y Juan Antonio Segura, director de la Fundación Cepaim, destacó la labor de estas dos entidades y las invitó a seguir promoviendo medidas de acción social tendentes al mantenimiento y ampliación de estos programas sociales por los que ahora se les premia.